El gasto militar y su implicación económica

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El FMI como institución financiera mundial

Los incrementos desmedidos de los gastos de defensa, principalmente de los países con elevado Producto Interno Bruto per cápita, y, subsecuentemente, un incremento de las adquisiciones de plataformas y activos militares, constituyen factores de inestabilidad en el ámbito mundial, regionales, e inminentes focos de tensión en las relaciones bilaterales en algunos casos puntuales de nuestra región.

Los incrementos desmedidos de los gastos de defensa, principalmente de los países con elevado Producto Interno Bruto per cápita, y, subsecuentemente, un incremento de las adquisiciones de plataformas y activos militares, constituyen factores de inestabilidad en el ámbito mundial, regionales, e inminentes focos de tensión en las relaciones bilaterales en algunos casos puntuales de nuestra región. Excesivos gastos en defensa redundan contrariamente al espíritu que anima el desarrollo de las medidas de confianza y seguridad mutua, reflejando en la práctica desconfianzas hacia otros Estados, así como mecanismos de presión interna en detrimento del financiamiento de otras políticas públicas domésticas. En consecuencia, el nivel de gasto de defensa de la región y del país vecino define el nivel de la amenaza, en algunos casos, de un país.

A partir de las nuevas amenazas de carácter transnacional, resulta interesante estudiar la posibilidad de implementar mecanismos más activos de cooperación regional en materia de defensa, partiendo de una mayor transparencia en los gastos de defensa y facilitar, de esta forma, el asentamiento de las bases para procesos futuros de homologación de gastos de defensa. Esta nueva visión permitiría migrar intensivamente hacia un modelo estratégico multilateral de características defensivo-cooperativo. El multilateralismo en la producción de un bien público como la defensa, otorga beneficios, y se sustenta en la teoría económica de las alianzas y las integraciones regionales de amplio alcance.

La prioridad de nuestra región es el gasto social productivo, el fomento de la capacidad de generar riqueza, la disminución de la brecha social y la reducción de la pobreza extrema, coadyuvando en la mejora de las condiciones de gobernabilidad y el sistema democrático. En consecuencia, debe procurarse una activa política de defensa regional que se oriente a un razonable gasto de defensa. La construcción de este nuevo escenario dependerá básicamente de la madurez de sus gobernantes políticos y sociedades, en base a una constructiva influencia de integración.

De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, entre los países de la región que destinan el mayor % del PIB en defensa, tenemos: Estados Unidos: 4,06%; Cuba: 3,8%; Colombia: 3,5%; Ecuador: 3,4%; Chile: 2,7%; Brasil: 2,6%; Bolivia: 1,9%; Uruguay: 1,6%; Perú: 1,5%; Venezuela: 1,2%; Panamá: 1%; Paraguay: 1%; Argentina: 0,8%; Honduras: 0,6%; Nicaragua: 0,6%; Jamaica: 0,6%; México: 0,5%; El Salvador: 0,5%; República de Costa Rica: 0,4%; Guatemala: 0,4%; Trinidad y Tobago: 0,3% y Bermuda: 0,11%. Muchos de estos datos son tomados entre el 2006 y el 2010.

América Latina en general y el de América del Sur en particular es el más bajo del mundo, lo cual no es menos cierto que seguimos lastimosamente liderando las disparidad en la distribución del ingreso y en parte ello se lo podemos imputar a los gastos en defensa elevados con relación a los porcentajes de los presupuestos nacionales de nuestros países.

Los gastos de defensa regionales presentan diversos grados de polarización. En algunos países, en términos del PIB doméstico, son extremadamente bajos, y en otros muy por encima del promedio mundial. Excesivos niveles de gastos de defensa, por encima del promedio regional y sin amenazas tangibles, redundan contrariamente al espíritu que anima el desarrollo de las medidas de confianza y seguridad mutua; en la práctica reflejan desconfianzas hacia otros Estados, así como mecanismos de presión interna en detrimento de las otras necesidades.

A pesar del espíritu original contenido en la Carta Fundamental de la OEA, en materia de reducción de armamentos convencionales en la región, y de las frondosas declaraciones multilaterales surgidas en las cumbres regionales, reuniones periódicas de Jefes de Estado y de ministros de Defensa de las Américas, no se ha conseguido instrumentar mecanismos de carácter vinculante para una real reducción y limitación de gastos de defensa, con el objetivo de disminuir desconfianzas y destinar mayores recursos fiscales al financiamiento de otras políticas públicas, en especial en materia social.

Los gastos de defensa, particularmente en nuestros países -exceptuando parcialmente al Brasil – de acuerdo a la evidencia disponible en términos de costo oportunidad, tienen un impacto negativo sobre la tasa de crecimiento económico, reduciendo el ahorro interno y la inversión, así como el déficit fiscal, creando presiones hacia el déficit en la balanza comercial y de la balanza de pagos.

A pesar del beneficio marginal de la implementación de mecanismos off set (compensaciones derivadas de las compras militares), no han favorecido el nivel de empleo doméstico, en razón que las adquisiciones de plataformas y activos militares, por lo general, se efectúan en el mercado extranjero. Los gastos de defensa son un componente sustantivo de la deuda externa regional.

La suscripción de un acuerdo que reafirme el no uso de la fuerza para la solución de controversias, y el compromiso de una real reducción progresiva de los gastos de defensa, que permita una redistribución del ingreso permitiendo una mayor inclusión, es de vital importancia. En este sentido, se hace impostergable la suscripción de un acuerdo multilateral o Carta de Seguridad Interamericana, como Medida de Confianza y Seguridad Mutua de última generación, en la búsqueda de una real homologación regional de gastos.

Las amenazas en materia de defensa de los países latinoamericanos están principalmente vinculadas con el terrorismo de los grupos violentos que sustentan sus ingresos económicos con actividades provenientes de diversos delitos como el narcotráfico, deben ser atacadas principalmente con labores de prevención e inteligencia, vinculadas a cuerpos élites policiales, las cuales son muchas veces más eficaces y sustancialmente menos onerosas para el erario público.

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