El anhelo de elevar valores cívicos en la política anula instituciones y poderes.

La velocidad con la que vienen produciéndose las transformaciones en la relación Estado-sociedad civil es intermitente, por un lado se fortalece la participación ciudadana a través de la formación de nuevos actores y por otro lado se debilitan los mecanismos e instancias institucionales donde estos pueden hacer valer su voz. Estas circunstancias no consolidan el modelo horizontal del ejercicio de la dinámica entre el Estado y la Sociedad Civil. La participación ciudadana está caracterizada por ser un acto voluntario, comprometido con los asuntos públicos encaminados al desarrollo integral de los intereses de los individuos. Este acto participativo se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de compromiso de los sujetos intervinientes y con los valores comunitarios y democráticos que posean, de forma tal, que el trabajo colectivo se justifica en función de los objetivos de la comunidad.

Sin embargo, se evidencian grandes obstáculos y debilidades que rodean el ejercicio de esta práctica participativa, se perciben entre otras debilidades liderazgos personalistas dentro de las instancias de participación y marcados elementos representativos en el seno de los espacios de deliberación con los elevados costos que implica su ejercicio, por otro lado, se evidencia cierta apatía y frustración ante la falta de resultados, estas circunstancias permean la participación y, por ende, inciden en las dimensiones de la democracia de los países emergentes.

Las formas actuales de replantear la relación de Estado y sociedad civil tienden a menospreciar a la sociedad política y a exacerbar los errores de las empresas y los productores. En la medida en que la relación es vista como una relación inmediata, sin mediación institucional, el sublime anhelo de elevar los valores cívicos en el ejercicio de la política tiene el resultado paradójico de anular las instituciones y los poderes del estado en nombre de la democracia. La tarea prioritaria consiste en fortalecer las instituciones tanto las públicas como las privadas, ya que son ellas las instancias capaces de traducir los diferentes intereses y opiniones en una voluntad colectiva vinculante para todos los agentes de una sociedad. La vida de las instituciones no se agota en sí misma; así como las instituciones moldean a los procesos sociales, también ellas son moldeadas por las estructuras sociales. Por tanto las instituciones son construidas bajo determinados antecedentes y su consolidación depende de un adecuado entorno económico y social.

Debe de haber una combinación entre la representación y la participación. En tal sentido, la relación entre las personas, los grupos sociales, las comunidades y los diversos poderes públicos podrían funcionar estimulando ambas figuras. Esto conlleva a que es requisito esencial redefinir el rol de las organizaciones políticas en el sentido de que su organización y funcionamiento debería estar directamente vinculada con las necesidades fundamentales de las comunidades y legítimos grupos de interés. De esta forma los diversos partidos políticos en sus bregas por alcanzar el poder, deben convertirse en un instrumento directo de las comunidades mediante los mecanismos electorales y cuando estos se truncan también se traban los resortes que impulsan el desarrollo. Es conveniente establecer mecanismos legales y jurídicos expeditos que aseguren la existencia de una participación representativa compaginada con el sentir de la sociedad.

La democracia y sus instituciones son hasta los momentos el mejor sistema político comprobado para garantizar las libertades y los derechos civiles y sociales fundamentales que provean en cantidad y calidad los insumos para fomentar el desarrollo sostenible.

La integración y establecimiento de relación Estado-Sociedad requieren: por un lado, la capacidad y voluntad de los grupos sociales, económicos y políticos para realizar cambios institucionales necesarios, estableciendo un marco de esquemas de diversos acuerdos , y por otro lado, la capacidad y voluntad de diversos grupos políticos para interactuar con todos los grupo en la búsqueda del interés general consensuando las reformas generales y puntuales necesarias para modelar una relación Estado-Sociedad para fortalecer a la nación.

Cuando se logran las relaciones armónicas Estado-Sociedad El desarrollo progresivo de un sistema de innovación nacional se hace más factible con lo cual integran de manera efectiva las universidades e institutos de investigación con las empresas y entidades, privadas y públicas, y estas en su conjunto producen y pueden exportar bienes y servicios. Los recursos del “sistema nación” (presupuesto de los institutos de investigación y para investigación en las universidades, subsidios parciales y apoyos a la innovación empresarial, incentivos tributarios, protección de la propiedad intelectual, desarrollo de oficinas de transferencia tecnológica, servicios de extensión) se orientarán de acuerdo con las prioridades de transformación productiva según los decidan los ciudadanos bien sea de manera activa a través de la participación o de manera pasiva a través de la representación de los diversos agentes políticos electos por sufragio.

Por último, las relaciones institucionales de sinergia han de asentarse sobre una equilibrada concepción del poder y la libertad, por un lado, y de la democracia y equidad, por el otro lado. La democracia es la que permite, sin renunciar a las libertades, a que la economía desarrolle todas sus potencialidades de producción, comercialización y consumo en beneficio individual y colectivo, a su vez, surjan y se potencien las instituciones espontáneas de la sociedad civil. La prosperidad socio-económica nos permite la reducción de la pobreza brindando esperanza a los menos favorecidos a que con esfuerzo y tenacidad se pueden incorporar plenamente a una sociedad cuyo estado genuinamente potencia su bienestar.

Moisés Bittán
@moisesbittan
Director de Finantop