Con las elecciones presidenciales de octubre en el panorama, Fedecámaras anticipó que 2012 estará marcado por la abundancia de dinero y la escasez de bienes.

“Venimos saliendo de una situación recesiva de los últimos dos años. Progresivamente la actividad económica se viene recuperando y recuperando el consumo. Pero básicamente el principal motor de la economía es el gasto público y el sector oficial, el cual progresivamente viene desplazando al sector privado”, dijo a Mercado de Dinero Moisés Bittán presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de Fedecámaras.

Los empresarios calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer un 3,2 por ciento en 2012, una tasa inferior a la velocidad que necesita el país para orientarse hacia el desarrollo. Según ellos, sería conveniente un crecimiento sostenido interanual de 4 por ciento.

Pero la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos será determinante en el desempeño económico.

“El resultado electoral es uno de los componentes a considerar, pero no es el único”, afirmó Bittán.

“Lo que va a privar es la seguridad de las inversiones, la fortaleza, la robustez de la demanda agregada y el marco jurídico que de alguna forma permite que la dinámica económica vaya fluyendo. Existe mucha expectativa en este momento con la implementación de la Ley de Costos y Precios Justos”, agregó.

Dos leyes decisivas

Los empresarios prevén que se aumente el gasto social y que los programas de vivienda, alimentación y trabajo incidan en la economía inyectándole dinero, durante la campaña electoral.

Sin embargo, no prevén bonanza o armonía por dos leyes que serán determinantes. La primera es la de Costos y Precios Justos, con su potencial para generar escasez, y la segunda es la de Arrendamientos Inmobiliarios, que podría derivar en tensión social.

La Ley de Costos y Precios Justos “es uno de los elementos más importantes que pueden tener incidencia en la decisión de los empresarios” respecto a la restricción de sus inversiones, indicó Bittán, especialmente cuando el panorama no está totalmente definido.

“Cualquier agente que preste un servicio o venda un bien está obligado a estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y esa situación, como es lógico, genera mucha expectativa y mucha incertidumbre. Existe, a nuestro juicio, un margen de discrecionalidad importante de en cuáles sectores se va a aplicar y con qué precios se van a delimitar las actividades económicas”, señaló.

Bittán afirmó que podría generarse escasez a mediano plazo, acompañada del surgimiento de mercados informales que vendan fuera de regulación y sin garantía, además de un desestímulo a la inversión privada en tecnología.

“Lo que se va a hacer es represar la inflación y no atacar sus causas estructurales, como un política monetaria expansiva y un gasto fiscal que crece a un ritmo alarmante”, más la restricción de la oferta de bienes y servicios, argumentó.

Por su parte, la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas podría generar conflictos sociales.

“Esta ley, a nuestro juicio va a tener un impacto en la actividad económica y en la estabilidad social determinante. Va a tener repercusiones y conexiones importantes en toda la actividad económica en el país”, afirmó.

El panorama entonces podría ser contradictorio: más dinero en la calle a través de los programas sociales y menos bienes.

“Eso va a influir en el estado de ánimo y las expectativas del venezolano, al haber un poquito de más recursos en las calles pero con menos bienes y servicios ofrecidos va a haber una ligera pugnacidad entre los agentes económicos para adquirirlos. Una sensación de mayor alivio económico pero con mayores restricciones”, pronosticó Bittán.

Devaluación en puertas

El gremio empresarial calcula que los precios del petróleo sostendrán sus altos niveles con un promedio de 95 a 105 dólares por barril, pese a las turbulencias económicas en Europa y EEUU y la disminución del crecimiento asiático.

Sin embargo, Fedecámaras pronostica que habrá una devaluación ante la imposibilidad del Gobierno de cumplir con sus compromisos internos, especialmente en el ámbito laboral. “Prevemos una devaluación para el próximo año para satisfacer las crecientes demandas y compromisos del sector público”, indicó Moisés Bittán.

Aun así, no pronostican que sucedan los cambios integrales en la política cambiaria que, afirman, necesita el país.