La gerente de Mercado de Dinero, Luz Ivonne Luna, y el adjunto a la Presidencia de Ausbanc y Director de Ausbanc Editorial Internacional, Angel Garay, acompañaron al panel integrado por el diputado Hugbel Roa, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional; el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de Fedecámaras, Moisés Bittán; el presidente ejecutivo de Conindustria, Ismael Pérez Vigil; el presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad; el abogado Leonardo Palacios, de la firma jurídica PTCK, y la economista Claudia Curiel, directora directora de Mosaikho Analítica.

El representante de Ausbanc, Ángel Garay, resaltó la importancia del evento. “Lo que se ha dicho es que la ley debe contener un marco general que tiene que ser desarrollado en el reglamento y debe conciliar los principios de la libre competencia y la protección al consumidor y no es bueno que las empresas, como está pasando, tengan tal poderío que decidan no solo a los consumidores sino también a los países, que es lo que estamos viviendo desgraciadamente en mi propio país (España), pero tampoco puede haber una especie de dictadura a los consumidores y empresarios. Tiene que haber un equilibrio para conseguir que el país tenga cohesión y un desarrollo económico sostenible”, dijo.

En defensa

Roa defendió la ley, la cual, a su juicio, permite abaratar los costos y fomenta la producción nacional, además de ser importante, porque la mayoría de los productos son ensamblados con materia prima importada. Cuestionó que a pesar de que las empresas reciben dólar preferencial los productos salen más costosos. Lamentó que se intente satanizar la ley y dijo que la idea es discutir y sincerar el verdadero precio de las cosas. “La idea es querer discutir y sincerar cuánto cuestan las cosas. La ley permite rencontrar los sectores del país”.

Roa resaltó que el primer intento de impulsar el instrumento legal fue durante el Gobierno de Jaime Lusinchi, pero fracasó por la voluntad política.

“Nosotros no entendemos cómo en Venezuela se puede seguir diciendo que un negocio no produce si no tiene un margen de ganancia de 30 por ciento (…) las principales fortunas del país se han levantado con el “compra afuera y vende aquí, las grandes fortunas se han amasado con las importaciones. Es bien importante que la ley la asuman todos los sectores porque de lo contrario es letra muerta”, dijo.

Ante la pregunta del público aseguró que las peluquerías no entran en el marco de la ley y no están reguladas. “La idea con el instrumento legal es que los productos que se compran con dólar preferencial en el exterior se vendan a un precio razonable en el país.

¿Si el sector salud se está fortaleciendo porque estamos importando desde China?, preguntó otro de los asistentes, a lo que respondió:”Porque nosotros todavía no producimos suficiente, Venezuela es un país que no produce todo, por ejemplo repuestos de avión”.

Roa admite que hay retrasos en la entrega de dólares pero se preguntó ¿quienes acceden al Sitme?, al dar a entender que no es el común de la gente. Agregó que Cadivi está pasando por un proceso de revisión para agilizar la entrega de divisas.

Una persona del foro pidió liberar el dólar, a lo que respondió que eso es irresponsable, porque, por ejemplo, en Ecuador la economía se maneja en dólares pero la gente saca el dinero del país.

Fedecámaras y Conindustria pedirán nulidad

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de Fedecámaras, Moisés Bittán, señaló que el gremio que representa, así como Conindustria, están revisando la posibilidad de pedir la nulidad de la de la Ley de Costos y Precios Justos.

Bittán emplazó a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos para que presente el reglamento que regirá la ley lo antes posible, a fin de aclarar las dudas que han surgido en torno al polémico instrumento legal.

El representante de Fedecámaras refutó los señalamientos del Gobierno acerca de que las empresas tienen ganancias superiores al 60% y destacó que en esos cálculos no se toman en cuenta los años difíciles. Agregó que la gran mayoría tiene ganancias de 10%.

No obstante Bittán indicó que están dispuestos a acatar la ley y es la instrucción que se les está dando a todos sus agremiados, “pero no vamos a perder nuestro espíritu crítico”. Bittán también descartó que la ley logre controlar la inflación, aunque su  objetivo es ese.

“Desde nuestra perspectiva la inflación tiene que ver con políticas monetarias y fiscales incorrectas”, dijo.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Conindustria, Ismael Pérez Vigil, afirmó que con el instrumento legal se pretende corregir el tema de la inflación y culpar a los empresarios

El directivo empresarial señaló que los controles de precios hasta ahora no han dado resultados favorables. “Hasta ahora en la historia de la humanidad ningún control de precios ha funcionado nunca, no tenemos razones para pensar que una receta que se ha aplicado de mala manera y no ha dado resultados en ningún momento ahora vaya a dar un resultado diferente”, agregó.

Advirtió que es una ley que afecta a las grandes empresas, pero con más fuerza a las pequeñas y medianas, al que ofrece un servicio y a todos quienes ofrecen una actividad económica.

Señaló que a casi dos meses no se conoce el contenido del reglamento de la Ley, además no se ha producido ninguna reunión de las cámaras privadas que prevén sentarse con el Gobierno a discutir la Ley de Costos y Precios.

“Hay una alta discrecionalidad en su aplicación. El reglamento que define el precio justo queda pendiente”, agregó.

Señaló que las empresas son parte de la solución y no parte del problema. Explicó que la empresa privada aporta el 70 por ciento del Producto Interno Bruto; el 80 por ciento del empleo y el 50 por ciento del ingreso fiscal.

Agregó que esta es una situación de cerco a la industria en Venezuela que no necesita de más controles, y traerá un efecto contrario, pues restringirá la creación de más empresas.

“Las empresas están al lado de los venezolanos, cuando sufre la empresa, sufre el venezolano. El sector está en desacuerdo con el acaparamiento, la especulación”, añadió.

Pérez Vigil señaló que la propuesta es que se trabaje en conjunto y no eliminando empresas.

Pérez Abad: Bienvenida la ley

El presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, indicó que la Ley de Costos y Precios Justos permitirá establecer los criterios para la fijación de los precios. Pérez Abad puso como ejemplos el hecho de que la carrera de un taxi antes costaba Bs 30 y ahora cuesta Bs 50, mientras que el material MDF ha subido de precio 108% en los últimos meses, sin que se sepan los parámetros que se toman en cuenta para hacer los ajustes. “Para nosotros la ley es una oportunidad de demostrar al Gobierno, a los trabajadores y al pueblo venezolano los múltiples factores que inciden en la producción de un servicio”.

Agregó que “el que no la debe no la teme” y aseguró que ante la falta de sinceración de precios la sociedad venezolana tiene una percepción de especulación permanente. Pérez Abad aseguró que la ley “es prefectible” y resaltó que “lo que está gritando el planeta es crear un modelo distinto con el indicador calidad de vida y prosperidad para todos (…) Tenemos que encontrarnos en las zonas de los grises.

Lo legal y lo económico

El abogado Leonardo Palacios calificó la ley como la más perversa de los últimos años, mientras que Claudia Curiel señaló que es más delicada la Ley del Indepabis que contiene una declaratoria de utilidad pública y social de todos los activos y la expropiación como sanción.

Palacios dijo que es una ley que está hecha bajo un concepto de doctrina marxista y estudio del derecho comunista y con elementos del libro rojo del partido político oficialista PSUV. “Aquí  lo que se quiere es el apoderamiento de los medios de producción social. Aquí lo que se busca es el control absolutamente de todo”.

Entre otros aspectos que mencionó es que la rentabilidad no puede ser superior al 18 por ciento, según el enunciado de la ley. Recomendó cumplir con el requisito de inscripción en el Registro, porque en caso contrario, será difícil el acceso a los dólares.

Mientras que Claudia Curiel dijo señaló que la ley que creó el Indepabis es más feroz que la propia Ley de Costos y Precios Justos. “La del Indepabis le ganó por la declaratoria de utilidad pública y social de todos los activos y contiene la expropiación como sanción”.

“La Ley del Indepabis tiene 15 causales pueden derivar en procesos expropiatorios. Si no te agarran por la Ley de de Costos y Precios Justos, te agarran por la de Indepabis. Este es un sistema de rayas amarillas”.